Pinochet, el revolucionario

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¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 1973? El problema que nos persigue como sociedad es la radical diferencia de interpretaciones respecto de lo sucedido aquel día. No hablo de la cronología de hechos, sino a la interpretación de aquella acción.

Hoy, a 45 años, resulta evidente que lo ocurrido fue un golpe de Estado. Una acción de fuerza en contra del orden constitucional que inauguró la más extensa y violenta de las dictaduras en Chile.

El gran problema que los partidarios del golpe tenían (y tienen) es justificar la violencia que ejercieron.

Pero aquella interpretación no es compartida por todos. La UDI—el segundo partido más grande—en su declaración de principios vigente celebra a las fuerzas armadas por la “acción liberadora del 11 de septiembre de 1973 que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de la dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil y recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario”.

La interpretación del golpe como acción liberadora no es anodina. Ella se sustenta en dos premisas: que el país enfrentaba una amenaza inminente y que la acción de fuerza respondió a la voluntad de la mayoría.

El siguiente paso de las fuerzas conservadoras fue interpretarlo como una revolución.

Leyó bien. Revolución, con todas sus letras.

A mediados de agosto de 1980 un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile publicó un inserto en El Mercurio justificando la aprobación de una nueva Constitución. En ella se defendía la convocatoria a plebiscito porque la Junta había adquirido “la potestad constituyente por haber advenido al poder en virtud de una revolución legítima, y conservan y mantienen tal potestad mientras detenten el poder en aras del bien común.”


En sesión del 8 de noviembre de ese año, Sergio Diez propuso un decreto ley donde se indica que dicha Junta había asumido “la plenitud de los poderes constituyente, Ejecutivo y Legislativo” (p.139). Alejandro Silva Bascuñan no estuvo de acuerdo pues el poder constituyente en su origen le correspondía a la sociedad gobernada.

“En consecuencia—continuaban—reside en los nuevos gobernantes revolucionarios el poder constituyente originario, tanto para el establecimiento de una nueva institucionalidad que automáticamente se crea como consecuencia de la revolución, como para regular transitoria y definitivamente la nueva institucionalidad”.

El inserto se suscribió institucionalmente como Facultad de Derecho PUC (logo incluido). Firmaban la declaración Sergio Gaete, Víctor Vial, Arturo Irarrázaval, Blas Bellolio, Raúl Lecaros, José M. Eyzaguirre, Gonzalo Rojas, Jaime Guzmán, Hernán Larraín y Andrés Chadwick, entre otros.

El gran problema que los partidarios del golpe tenían (y tienen) es justificar la violencia que ejercieron. Y la respuesta la encontraron irónicamente en una revolución que entregaba a los militares el poder constituyente originario.

Fue este el debate que se dio al interior de la Comisión Constituyente creada por la Junta en septiembre del 73. En sesión del 8 de noviembre de ese año, Sergio Diez propuso un decreto ley donde se indica que dicha Junta había asumido “la plenitud de los poderes constituyente, Ejecutivo y Legislativo” (p.139). Alejandro Silva Bascuñan no estuvo de acuerdo pues el poder constituyente en su origen le correspondía a la sociedad gobernada. Replicó Guzmán, quien afirmó que no le cabía duda que la Junta había asumido el poder constituyente derivativo por lo que creía resultaba indispensable dictar un decreto para explicitarlo.

Siete años más tarde, los ideólogos del régimen defendían el ejercicio del poder constituyente originario por parte de la Junta. Pero, ¿en virtud de cuál mandato se le entregaba ese poder? El 25 de septiembre de 1973 la Junta enviaría a dicha comisión un decreto explicitando su misión: “extirpar de Chile el cáncer marxista, de reconstruir moral y materialmente el país hacia el desarrollo económico y la justicia social, y de dar vida a nuevas fórmulas institucionales que permitan restablecer una democracia moderna y depurada de los vicios que favorecieron la acción de sus enemigos”.

El decreto fue aprobado por unanimidad.

Un segmento político justificó y sigue justificando el golpe a partir de este retórico acto de un pueblo que le pide a los militares que extirpe el cáncer marxista. Y sabemos lo que implicaba esa extirpación.