En Chile todavía se tortura: violaciones a los Derechos Humanos en democracia

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En esta nueva conmemoración del 11 de septiembre, donde recordamos el terrorismo de Estado contra las víctimas de la dictadura cívico militar, a las y los detenidos desaparecidos y todo lo pendiente en esta materia, quisiéramos reflexionar sobre Derechos Humanos y lo débil que ha sido nuestra democracia a la hora de terminar con firmeza con las condiciones que posibilitaron y que aún posibilitan el ejercicio de la violencia como mecanismo de control o práctica naturalizada sobre los y las ciudadanas. Abordarlo sin ambigüedades supone asumir una responsabilidad política que permitirá garantizar finalizar con toda forma de impunidad, que, en sí misma, constituye una violación a los Derechos Humanos de las víctimas.

Hablar de tortura en todas sus dimensiones -física o corporal; psicológica; sexual; biológica-, es hablar de prácticas despreciables, contrarias a la dignidad humana, que existieron pero que aún existen. Los actos de tortura no pueden y no deben mirarse como hechos puntuales o como “errores”, que suceden en un momento para luego quedar suspendidos en el tiempo. Porque los torturados del pasado, pero también los del presente, son víctimas de un trauma agudo continuo, que tiene un momento de inicio determinado, pero que los acompañará siempre en todas las dimensiones de su vida, de sus familias, pero ciertamente también de nuestra sociedad.

Recientemente tuve la oportunidad de acompañar a la delegación chilena a Ginebra a rendir examen frente al Comité contra la Tortura de la ONU (CAT). Las principales recomendaciones de los relatores tienen relación con un conjunto de materias pendientes en Chile sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no miran sólo al pasado, sino que son parte y conviven con nuestra democracia.

Entre las más importantes observaciones y recomendaciones el CAT instó al Estado de Chile a designar un mecanismo nacional de prevención de la tortura, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.Este proyecto de ley se está tramitando actualmente en la Comisión de DDHH del Senado, de la cual soy parte y esperamos despacharlo prontamente porque dará al Estado herramientas para fiscalizar eventuales lugares de detención donde se pueda dar una practica de tortura.

En términos de situación carcelaria, el comité señaló que se deben adoptar medidas eficaces para garantizar que todos los detenidos gocen, en la ley y en la práctica, de las salvaguardias fundamentales, desde el inicio mismo de su privación de libertad, el derecho a ser asistidos sin demora por un abogado; ser informados de las razones de su detención y de la naturaleza de los cargos que se les imputan, entre otras. Cabe recordar que en nuestro país se dan condiciones muy dramáticas en las cárceles, situación que ha sido denunciada por la propia Corte Suprema, incluyendo el uso de celdas de castigo, encierro por hasta 16 horas diarias y acceso insuficiente al agua.

Respecto de la implementación de la ley Antiterrorista, se instó a revisar y enmendar la legislación para garantizar que los actos de terrorismo estén definidos de manera precisa y estricta y que el Estado debe abstenerse de aplicarla a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad, cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos colectivos del pueblo Mapuche, lo que va en línea con las recomendaciones formuladas por otros mecanismos internacionales. Por el contrario, el Gobierno no ha tomado las recomendaciones hechas por organismos internacionales, incluyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profundizando la ley Anti Terrorista vigente en miras a lo que está ocurriendo en La Araucanía.

Sobre violencia policial, el Estado de Chile debe velar porque se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas, de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza cometido por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública. Capacitar de forma sistemática a los agentes del orden sobre el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, teniendo en cuenta los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y recopilar información detallada sobre el número real de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, y penas impuestas en los casos de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial. Se trató incluso, el caso concreto de un estudiante torturado por personal de Carabineros en la segunda comisaría de Valparaíso en el mes de junio recién pasado. Estas son las situaciones que no se pueden seguir dando.

El Estado de Chile está en deuda. La sólo existencia de lo observado evidencia las faltas que tiene nuestra democracia en materia de derechos humanos y erradicación de todas las formas de tortura, sin olvidar además los desafortunados informes sobre la situación del SENAME. Nuestra institucionalidad y nuestra ciudadanía debe enfrentar este desafío y terminar con esta mirada reductiva de los derechos humanos. Es de esperar que el actual gobierno asuma un compromiso real en esta materia y que se implemente el Plan Nacional de Derechos Humanos, del cual todavía no conocemos las modificaciones anunciadas y que prime la voluntad política para que en Chile podamos terminar con la violación a los Derechos Humanos en democracia.

*Juan Ignacio Latorre es Senador RD/FA por la Región de Valparaíso