11 de septiembre, aquelarre de los frescos

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Una de las dos efemérides más importantes —si es que no la más importante— de la historia de Chile ya ni siquiera es día feriado. Se ha convertido sólo en ocasión para que los comunistas hagan lo que mejor saben: amenazar la integridad de las personas y destruir propiedad pública y privada; y para que un aquelarre de políticos frescos, terroristas retirados y mentirosos profesionales se dediquen a eliminar cualquier atisbo restante de verdad histórica.

El 11, debiendo ser una efeméride digna de celebrarse por todos los chilenos —y no me cabe duda de que en cincuenta años más lo será, y la Junta se habrá ganado un monumento en la Plaza de la Constitución— es la ocasión en los rojos salen a agredir.  

Bajo la dictadura del “No”, que ya dura 28 años, ya ni siquiera se admite la mención pública de las palabras del principal exponente de la Revolución Militar que “cambió de pelo” al país, que antes de ella marchaba a la zaga de las naciones subdesarrolladas y cuya población vivía penurias similares a las de Venezuela hoy. En efecto, es tan dictadura que hace poco pidió la renuncia al director del Museo Histórico por haber incluido, en una exposición sobre ex hombres públicos, la efigie y una frase de Augusto Pinochet.

Pero la verdad histórica es más fuerte y todo el mundo sabe que Chile pasó del vagón de cola del tercer mundo, en 1973, a la cabeza de América Latina en 1990, gracias a la gestión de gobierno iniciada el 11 de septiembre de aquel año. Y ello bajo un júbilo mayoritario, tanto que el político más destacado de ese tiempo y Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, en carta a su camarada Bernardo Leighton, publicada en “El Mercurio” del 14 de junio de 1998, le refería que había llamado a su hijo Jorge, que se encontraba en 1973 en Roma, para decirle “que estuviera tranquilo, que nada me había ocurrido y que en general en el país reinaba tranquilidad y que incluso en las poblaciones habían aparecido banderas chilenas”. Un mes después Frei declaraba al ABC de Madrid: “Los militares han salvado a Chile”. Posteriormente cambió de opinión, como la mayoría de los chilenos, derecha política incluida (la cual por eso, en 2009 y en 2017, eligió a un Presidente del “No”, cuando ella había sido el principal baluarte del “Sí” a Pinochet, en 1988).

El historiador Gonzalo Vial, que si bien compró la consigna originada el mismo 11 de septiembre de 1973 en el KGB soviético de que la Junta “atropellaba los derechos humanos” (pese a que reiteradamente y desde enero de 1974, en sucesivas circulares internas, la Junta ordenó a toda su gente respetarlos), en su biografía del principal estadista chileno del siglo XX reconoce que, cuando cualquier nación se encuentra en crisis, su uomo qualunque, su ciudadano común, proclama: “necesitamos un Pinochet”.

Acá también la gran mayoría, reflejada en los diputados elegidos por el pueblo que el 22 de agosto de 1973 llamaron explícitamente a las fuerzas armadas a “poner inmediato término” a la situación creada por el régimen de la Unidad Popular , clamó por un rescate como el que tuvo lugar el 11 de septiembre. Derechistas del Partido Nacional, democratacristianos, radicales de centro e incluso algunos de izquierda (PIR), que habían sido parte de la UP, votaron a favor.

Es que la situación era insostenible y la gente no alineada con el marxismo —es decir, los dos tercios de la población— tenía miedo. Pues el golpe para establecer un régimen totalitario era inminente. “El Mercurio” publicaba un accidente de tránsito en que hasta una camioneta cuyo permiso de circulación señalaba que pertenecía a la Presidencia de la República, era sorprendida con un cargamento de armas. El secretario general socialista anunciaba que Chile se convertiría en un Vietnam latinoamericano; hasta un teniente de ejército, Héctor Lacrampette, que en agosto de 1973 subió a una camioneta que ofreció llevarlo, fue asesinado en ella por un extremista mexicano.

La acostumbrada cobardía de la derecha, que ya ni siquiera se atreve a defender la verdad.

Suprema ironía, en 1978 uno de los primeros en beneficiarse del decreto ley de Amnistía fue ese extremista mexicano, José Sosa Gil. Ahora suele hablarse de “autoaministía” y se les niega ese beneficio a los uniformados, pero la verdad fue que cerca de nueve mil extremistas de izquierda resultaron liberados gracias al decreto.

Es que en nuestro país, en todo lo que se refiere a la Revolución Militar Chilena, se han impuesto las fake news, las falsedades, convenientemente maquilladas bajo la denominación deposverdad”. Se habla del de la Juntas como un gobierno “que hacía desaparecer personas”, en circunstancias de que, del total de 1.102 supuestos desaparecidos comprobados por la comisiones creadas después de 1990, se ha acreditado el destino final de un número mayor a ése. Lo que sucede es que en 28 años de dictadura del “No” no han sido capaces de identificar los restos de personas enterradas durante los primeros tiempos de lucha contra la subversión marxista, que están en el Cementerio General. Y en “La Tercera” del 8 de julio último, en un amplio reportaje, se dio cuenta del gran bochorno sufrido por la propia Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos cuando comprobaron que grandes bolsas conteniendo huesos humanos permanecían ocultas en el recinto de la Agrupación sin haber sido identificados ni comparados con el ADN de los familiares.

Además, la casi totalidad de los casos de desaparecidos se produjeron en 1973 y 1974, en tanto que después de 1978 y hasta 1990 se registraron menos de dos al año. En 2006 yo mismo investigué las desapariciones de personas de ese año y las cifras de carabineros me indicaron que, “en democracia” y en un ejercicio se registraron 2.500 casos de personas desaparecidas, es decir las que, después de la respectiva denuncia de “presunta desgracia”, no eran halladas en el año.

Yo hablo de ”aquelarre de los frescos” porque la izquierda cobra al fisco anualmente unos 400 millones de dólares por indemnizaciones, gratuidades y reparaciones, y además hay cien mil supuestos “exonerados politicos” que cobran pensiones por unos 380 millones de dólares anuales adicionales y que, según el presidente de los exonerados, Raúl Celpa, en reciente entrevista de Tomás Mosciatti, son falsos.

Por razones como ésas el 11, debiendo ser una efeméride digna de celebrarse por todos los chilenos —y no me cabe duda de que en cincuenta años más lo será, y la Junta se habrá ganado un monumento en la Plaza de la Constitución— por ahora es la ocasión en que más se miente en el año y en que los rojos salen a agredir y destruir con la complicidad de los centristas y la acostumbrada cobardía de la derecha, que ya ni siquiera se atreve a defender la verdad.

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